El titular de Infraestructuras y Transportes, Altero Matteoli, anunció instantes antes de que la Presidencia del Gobierno italiano informara oficialmente de la convocatoria de un Consejo de Ministros extraordinario, cuyo comienzo está previsto para las 20.00 hora local (19.00 GMT).

"Estamos escribiendo el decreto (ley) que será aprobado en el Consejo de Ministros de esta noche con las medidas más urgentes contenidas en la carta enviada por el Gobierno a Bruselas", indicó Matteoli, en declaraciones que recogen los medios italianos.

El decreto "lo estamos aún redactando e intentaremos introducir el mayor número posible de medidas", agregó Matteoli, quien adelantó que, por el momento, el Ejecutivo trabaja sobre aspectos como las infraestructuras o la reducción de la burocracia.

Previamente al Consejo de Ministros, se ha convocado en Roma una reunión del Comité para la Salvaguardia de la Estabilidad Financiera, en la que participan, entre otros, el titular italiano de Economía, Giulio Tremonti; el director general del Tesoro, Vittorio Grilli, y el presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores de Italia (CONSOB), Giuseppe Vegas.

La intención del Gobierno italiano es llegar a la cumbre del G20 que se celebrará en Cannes (Francia) a partir de mañana con parte de las medidas exigidas por la UE ya aprobadas, para intentar dar una señal de estabilidad financiera en Italia, ante un posible contagio de la crisis griega.

Italia se encuentra en primera línea de la desconfianza por parte de los mercados en la solvencia de los Estados de la eurozona, incrementada ayer tras el anuncio por parte del Gobierno de Atenas de que someterá a referéndum los acuerdos alcanzados la semana pasada en Bruselas sobre el rescate griego.

Las turbulencias generadas el martes hicieron que la prima de riesgo de la deuda italiana superara ayer por momentos los 455 puntos básicos, marcando un récord desde la creación del euro y colocando a Italia en una complicada situación.

Entre los compromisos que Berlusconi llevó en su carta a Bruselas figura retrasar de los 65 a los 67 años la edad de jubilación, así como una reforma laboral, liberalizaciones y la venta de parte del patrimonio inmobiliario del Estado.
 
EFE



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