Con ponencia del magistrado Mauricio González que fue acogida integralmente por los magistrados de la Corte se aprobaron los decretos.




La Corte analizó inicialmente los aspectos de forma y verificó que los decretos tuvieran la firma del Presidente de la República y sus ministros, que tuviera un término, (la emergencia fue decretada por 30 días y luego fue prorrogada), que abarcara un territorio y que existiera una motivación.

Finalmente se examinó que la emergencia hubiera sido comunicada a la ONU y la OEA.

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